viernes, 28 de enero de 2011

Reforma fiscal responsable: la necesidad de inversión en infraestructua, de mejorar la efectividad de cada colón invertido y la inquidad en aumento lo hacen necesario.

Una reforma fiscal en Costa Rica, generalmente es planteada ante coyunturas de crisis, con defícit fiscal agudo.  Por tanto, generalmente no ha estado presente un cambio en el uso de la polìtica fiscal, más allá que llevar más fondos a las arcas.  La discusión debería darse en un horizonte temporal más amplio, pensando en el modelo de país que queremos y no solo pretender tapar el defícit.

Dentro de los aspectos que debería contener una reforma fiscal integral y justa están de forma general los siguientes aspectos:
a. Acciones concretas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
b. Un plan efectivo de disminución de la evasión, fortaleciendo el sistema de administración tributario.
c. Un Plan de disminución de los gastos no necesarios y de erradicación del uso del gasto de forma clientelar.
d. Impuestos progresivos, que cobren más al que más tiene.
e. Una evaluación integral del costo efectividad de los programas más costosos y relevantes, buscando establecer cuanto dinero llega y que soluciones brinda cada acción que se financia.  Debe de establecerse programas de auditorias ciudadanas de estos programas y evaluaciones expost.

Unido a ello debe elaborarse un plan para el crecimiento, la competitividad y el empleo.  Esto es muy importante, ya que el mejor camino para salir de esta crisis fiscal es volver a lograr mayor crecimiento económico.

El Plan actual recaudaría el 68% con el Impuesto al Valor agregado (IVA) y únicamente 21% por el Impuesto sobre la Renta.  Esto no parece equilibrado, ni justo.  Es muy posible, además que en pocos años se requiera otro plan fiscal, en donde pareciera que la clase media, si es que existe, ya no podria soportar ese peso.

Deben crearse espacios de diálogo y concertación nacional para que la política tributaria cumpla con sus objetivos.  La desigualdad social creciente, el deterioro de servicos básicos (salud, educación, seguridad) y la falta de fomento de la obra pública para mejorar la competitividad y calidad de vida lo hacen necesario.

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